El director de SJD Serveis Socials Barcelona y coordinador del área Social de San Juan de Dios España, Salvador Maneu, ha comparecido en la ponencia de la Comisión de Derechos Sociales del Parlament de Catalunya en relación a la Proposición de ley de medidas transitorias y urgentes para hacer frente y erradicar el sinhogarismo.
Sant Joan de Déu ha manifestado su preocupación por el ritmo de la tramitación, “con unos avances demasiado tímidos -según Salvador Maneu- para el sufrimiento de las personas sin hogar que tienen que afrontan un presente y un futuro muy incierto.”
Así mismo ha solicitado un cambio de escenario económico. Si se dispusiera del doble de presupuesto para 2024 (50 millones de euros) y se llegara a los 75 millones en 2025, unidos a los esfuerzos que ya hacen los ayuntamientos con financiación propia, se podría dar un salto cualitativo importante en la erradicación del sinhogarismo.
Salvador Maneu, en nombre de las entidades promotoras y del equipo de juristas que ha trabajado en esta ley, ha pedido «agilidad y valentía para no dejar escapar este momento» y ha instado, a los diputados y a las diputadas, a decidir que esta ley sea la más importante de la legislatura. Una ley que apuesta por la dignidad de las personas sin hogar, de las personas que buscan un hogar, y que contribuye a la construcción de un mundo mejor, un país más solidario, y más digno. Maneu ha terminado su exposición diciendo que “dignificando la vida de las personas más frágiles, nos dignificamos como sociedad”.
Junto a él, también han comparecido la responsable del programa de vivienda compartida de SJD Serveis Socials Barcelona, Teresa Bermúdez, y un participante en el programa de vivienda individual, Carles Olesti.
La Proposición de ley de medidas transitorias y urgentes para hacer frente y erradicar el sinhogarismo está siendo impulsada por cinco entidades sociales: ASSIS Centre d’Acollida, Arrels Fundació, Càritas Catalunya, Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona y la Comunidad de Sant’Egidio junto a un equipo de juristas dirigido por el catedrático de derecho administrativo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Dr. Antoni Milian.
Esta proposición se registró en enero de 2022 y contó con el apoyo de los grupos parlamentarios del PSC, ERC, JxCat, CUP, En Comú Podem, Cs y el grupo mixto.