La Ley del Tercer Sector Social ya es una realidad después de que el Parlament de Catalunya haya aprobado la proposición de ley impulsada por la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya y La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya.
El sector celebra este hito, ya que la norma reconoce el papel esencial de las entidades sociales y su función de servicio público. También da un marco legal propio a más de 3.000 organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan para garantizar derechos, combatir las desigualdades y acompañar a más de 2 millones de personas en situación o riesgo de exclusión social.
En Cataluña, el sector suma más de 120.000 profesionales y miles de personas voluntarias. Con una población de 8 millones de habitantes, una de cada cuatro personas recibe en algún momento el apoyo de una entidad social catalana.
La tramitación se ha alargado cuatro años. El texto se registró en mayo de 2022, decayó en 2024 con la convocatoria de elecciones anticipadas y se volvió a registrar en marzo de 2025.
Un marco para reforzar el sector y mejorar la atención a las personas
La ley da más reconocimiento institucional al tercer sector social y crea un marco estable para que las entidades puedan trabajar con más seguridad y continuidad. El objetivo es reforzar su capacidad de acción y, a su vez, mejorar la atención y la garantía de derechos de las personas. La normativa supone mejoras importantes para el conjunto del sector social:
- Más reconocimiento institucional del trabajo de las entidades y de su impacto en la sociedad y la ciudadanía.
- Más estabilidad y sostenibilidad, una condición imprescindible para mantener proyectos y servicios con continuidad.
- Más participación en las políticas públicas, aportando conocimiento y experiencia en todas las fases: desde el diseño hasta la evaluación.
- Una relación más equilibrada con las administraciones, basada en la colaboración y el diálogo.
Precisamente, la Ley crea el Consejo de Diálogo Civil como espacio estable de interlocución y participación entre el Govern y el tercer sector social sobre las políticas públicas que afectan los derechos sociales y la acción de las entidades.
